El año 2016 ingresó al Senado, en su primer trámite constitucional, el proyecto que establece normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago.

Dicha iniciativa fue retomada hoy por el pleno de la cámara baja, donde el proyecto fue aprobado en general. En lo medular, la ley establece una rebaja en el plazo de pago a 30 días desde la recepción de la factura, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad y se incorpora el derecho a indemnización, entre otras exigencias.

El diputado Gustavo Sanhueza valoró el proyecto de ley, indicando que “todos conocemos la relevancia de las pequeñas empresas en la economía del país y en la generación de empleos, pero también vemos cada día las dificultades que enfrentan para acceder a fuentes de financiamiento formales, sus problemas de competitividad y participación de ventas. No podíamos seguir aceptando el poder dominante y liquidez de las grandes empresas a costa del sacrificio de los más pequeños”.

El proyecto de Pago Oportuno establecía originalmente un plazo de 60 días, sin embargo el gobierno envió una indicación para rebajarlo gradualmente hasta los 30 días, medida que también afectará a los servicios públicos.

“Nos parece de toda lógica que las instituciones del Estado tengan obligaciones similares, aunque en el caso de Salud y de los Municipios exista un plazo de 36 meses para la aplicación de la ley. Esto permitirá que cambien sus procesos administrativos y que nunca más desistan de trabajar con un proveedor porque legítimamente exige el pronto pago por la prestación de sus servicios”, sostuvo el parlamentario.

Ahora el proyecto de ley seguirá su trámite en particular en las comisiones de Economía y Hacienda.