El intenso debate que abrió el apoyo de trabajadores públicos a Jara y su llamado a "movilizarse"

A juicio de los críticos, la ANEF estaría vulnerando el principio de "apoliticidad".

Un intenso debate abrió la determinación que tomó a mediados de noviembre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). La entidad definió apoyar en la segunda vuelta a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Junto con ello, llamó a reactivar las movilizaciones a nivel nacional y a respaldar solo reformas al empleo público que refuercen la estabilidad laboral.

Quién abrió los fuegos fue el exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli. En una columna publicada en El Mercurio, el actual director ejecutivo de Pivotes se mostró crítico con las definiciones adoptadas.

A su juicio, estas resoluciones vulneran el principio de apoliticidad que rige a los funcionarios públicos y consolidan un sistema que, lejos de mejorar el servicio a la ciudadanía, refuerza rigideces y bloquea cambios largamente postergados.

"Partamos por la neutralidad. La Contraloría General de la República ha sido clara en que los funcionarios públicos deben regirse por el principio de apoliticidad. Esto es que no pueden participar en política contingente ni valerse de sus cargos para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político. Eso, sin lugar a dudas, cabe para los cargos de dirección gremial de los mismos funcionarios", indicó la otrora autoridad.

"El problema no es la pluralidad política -legítima en cualquier sociedad libre-, sino confundir la representación gremial con activismo electoral desde una tribuna que supone representar el empleo público", aseguró también.

"Las huelgas y paros en el sector público castigan principalmente a quienes menos alternativas tienen: los pacientes que pierden atenciones, los ciudadanos que esperan beneficios o permisos, los estudiantes a quienes se les suspenden las clases", puntualizó sobre el segundo eje.

"Eso erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y potencia a liderazgos que se declaran refundacionales o revolucionarios", aseveró también.

En relación a las reformas al empleo público, indicó que un "buen servicio civil protege a las personas de la arbitrariedad y al mismo tiempo a la ciudadanía de la mediocridad. ¿Cómo? Con un sistema de ingreso exigente, con formación continua, con incentivos al desempeño, y procesos ordenados de salida cuando -tras apoyo y mejora- no se logra el estándar requerido. Los que le fallen a Chile deben dejar el servicio público para que este les cumpla a los chilenos".

Junto con ello, recordó que que la expansión de la contrata -hoy mayoritaria- y la doctrina de la "confianza legítima" han derivado en un esquema estable pero mal regulado, con escasos incentivos al desempeño y débiles mecanismos de salida.