Polémica por “amarres” en reajuste público: UDI acusa al Gobierno de blindar a dirigentes sindicales
Una nueva controversia política se instaló en el Congreso luego de que parlamentarios de la UDI acusaran al Gobierno de impulsar cambios legales que, a su juicio, consolidan “privilegios” para un reducido grupo de dirigentes sindicales del sector público, en desmedro del resto de los funcionarios y del funcionamiento de los servicios del Estado.
Los diputados Ramírez y Alessandri apuntaron directamente a disposiciones que permitirían considerar como “trabajo efectivo” el tiempo destinado a labores sindicales, asegurando que durante ese período los dirigentes mantendrían el pago íntegro de asignaciones y emolumentos, además de prohibirse cualquier suspensión, descuento o reintegro asociado a dichas horas.
Según advirtieron, el texto también incorporaría una norma que facilita la realización de reuniones sindicales en plena jornada laboral, obligando a las instituciones a justificar un eventual rechazo únicamente por razones de continuidad del servicio o fuerza mayor. Para los parlamentarios gremialistas, estas medidas no sólo alteran la organización interna de los servicios públicos, sino que terminan reforzando un trato preferente “totalmente injustificado”.
“Esto consolida una serie de privilegios para un grupo muy reducido de dirigentes sindicales, en perjuicio del resto de los trabajadores y del buen funcionamiento del servicio público”, sostuvieron, agregando que el objetivo real de estas normas no sería mejorar la atención a los ciudadanos, sino “blindar” a las cúpulas sindicales y otorgarles más poder sin contrapesos efectivos.
En ese sentido, los diputados acusaron al Ejecutivo de enviar una señal política clara: que la actividad sindical quedaría por sobre las obligaciones laborales. “Con este acuerdo, el Gobierno le está diciendo a los chilenos —y especialmente a los funcionarios públicos— que no habrá control ni equilibrio, y que los propios dirigentes serán juez y parte”, afirmaron.
Ramírez y Alessandri fueron más allá y atribuyeron el origen de estas disposiciones a la influencia del Partido Comunista, al que acusaron de promover históricamente el fortalecimiento del poder sindical dentro del Estado.
Como respuesta, anunciaron que durante la tramitación de la ley de reajuste del sector público ingresarán una indicación para establecer un límite máximo de horas sindicales, considerando que la normativa vigente sólo fija un mínimo, sin tope alguno. “Nadie cuestiona la existencia de las asociaciones de funcionarios, pero es inaceptable que se garantice un mínimo de horas sin un máximo, abriendo la puerta a abusos evidentes, donde algunos dirigentes se dedican a actividades políticas u otras, mientras siguen recibiendo su sueldo a fin de mes”, concluyeron.
