Tras dos años de trabajo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur presentó su informe final, el cual no logró ser aprobado por unanimidad. El comisionado Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y director de la Multigremial de La Araucanía, votó en contra del documento, expresando reparos respecto a la falta de estudios técnicos y a la creación de un tribunal con amplias atribuciones.
Entre las principales propuestas, el informe sostiene que el Estado mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas estimada en cerca de US$4 mil millones. Para abordar esta situación, plantea mecanismos de reparación que incluyen la entrega de tierras y compensaciones económicas destinadas a la adquisición de insumos y maquinarias agrícolas.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de dos nuevas instituciones: una Agencia de Reparación de Tierras y un Tribunal de Resolución de Tierras. Ambas comenzarían a funcionar 18 meses después de la promulgación de la ley que las crea. El tribunal estaría compuesto por seis miembros: tres representantes de los pueblos originarios —dos de ellos designados por el Consejo de los Pueblos— y tres propuestos por el Presidente a partir de una terna elaborada por la Alta Dirección Pública, con ratificación del Senado por dos tercios.
El rol del tribunal será evaluar el funcionamiento del sistema de reparación cuatro años después de iniciado. Podrá determinar si las tierras disponibles en cada provincia son suficientes y si los derechos de los actuales propietarios se han respetado. En base a esa evaluación, podrá instruir medidas a la Agencia de Reparación o emitir recomendaciones a otros organismos del Estado.
La agencia, por su parte, podrá realizar reparaciones tanto mediante entrega de tierras como por otras vías, disponiendo de terrenos provenientes de cinco fuentes: predios ofrecidos a la CONADI, propiedades fiscales, tierras aportadas por la industria forestal u otras empresas, donaciones, y predios inscritos voluntariamente en un plazo de seis meses tras la promulgación de la ley.
La propuesta ha generado inquietud en sectores de la oposición y en la industria forestal, quienes cuestionan la indefinición sobre los montos, los terrenos disponibles y el alcance jurídico del tribunal. Algunos representantes del sector privado temen que este mecanismo no cierre definitivamente las demandas territoriales, como afirman los comisionados.
Desde la comisión, sin embargo, se argumenta que el diseño institucional —incluyendo la composición del tribunal, los plazos para presentar demandas y la duración limitada del funcionamiento del organismo— permite acotar el conflicto y evitar que se prolongue indefinidamente. Según uno de los comisionados, el mecanismo podría cerrar el proceso de reparaciones en un plazo de entre 10 y 15 años, a diferencia del sistema actual basado en la Ley Indígena, donde las demandas pueden continuar por generaciones.
El documento, que será entregado oficialmente al Gobierno en los próximos días, contempla distintos grupos beneficiarios: quienes no han recibido reparación alguna, comunidades en proceso de compensación, personas con potenciales reclamaciones, y quienes no poseen título de merced pero sí una reivindicación histórica. Tanto el Tribunal como la Agencia serán disueltos una vez agotados los recursos y cumplidas las compensaciones comprometidas.
