El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) resolvió aplicar una dura sanción contra el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, tras detectar una serie de irregularidades en su administración. Aunque un grupo de concejales solicitó su destitución por notable abandono de deberes y graves transgresiones a la probidad, el tribunal optó por una medida disciplinaria: 30 días de suspensión del cargo, con goce de solo el 50% de su sueldo y sin facultades para ejercer funciones. Se trata de la segunda sanción más severa contemplada por este organismo.

El fallo del tribunal detalla prácticas que comprometen gravemente la ética administrativa de la gestión municipal:

Falta de fiscalización sobre contrataciones que favorecieron a personas con lazos familiares con altos funcionarios del municipio.
Contratación directa de un primo sin declararse inhabilitado, en abierta contravención a las normas de probidad.
Uso irregular del mecanismo de trato directo para arrendar inmuebles municipales, eludiendo el procedimiento de licitación pública.
Deficiente supervisión del mantenimiento de áreas verdes, lo que permitió incumplimientos reiterados sin la aplicación de sanciones.
Cesión de sedes deportivas sin contar con la recepción final exigida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Según el TRICEL, Benavente incurrió en conductas reiteradas que comprometen la legalidad y transparencia del ejercicio público. Si bien no se constató un perjuicio económico significativo para el municipio, el dictamen deja en evidencia una gestión alejada de los estándares legales y éticos que exige el cargo.

Este fallo constituye una advertencia sobre la responsabilidad que deben asumir quienes ejercen funciones públicas: la autoridad debe estar siempre al servicio de la ciudadanía, con apego a la ley y sin privilegios personales.