En el marco de la presentación del primer Indicador Nacional del Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO), el exministro del Interior, Jorge Burgos, abordó los crecientes desafíos que enfrenta Chile ante el avance del crimen organizado, fenómeno que –según sus palabras– dejó de ser ajeno a la realidad nacional.
El informe, pionero en su tipo en el país, permite medir territorialmente la incidencia de delitos vinculados al crimen organizado como el narcotráfico y el homicidio, tanto a nivel nacional como regional y comunal. “Esto entrega una fotografía valiosa y sirve para tomar decisiones en base a datos. Por ejemplo, podemos saber en qué comuna hay más frecuencia o tasa de estos delitos, y poder actuar en consecuencia”, explicó Burgos.
Falencias normativas y necesidad de definición legal
Uno de los puntos críticos destacados por el exministro fue la falta de una definición clara del crimen organizado en la legislación chilena, lo que ha dificultado su abordaje efectivo. “En Chile no está completamente definido en el Código Penal, y eso se debe corregir. El crimen organizado no se trata solo de delitos individuales, sino de estructuras jerárquicas que operan de forma compleja, incluyendo actividades como el lavado de dinero”, advirtió.
Un Estado coordinado frente a redes criminales
Burgos subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y avanzar en una estrategia unificada: “La mejor forma de enfrentarse al crimen organizado es con un Estado organizado. Esto incluye generar estrategias comunes entre actores políticos, sociales y de seguridad”.
En ese sentido, valoró la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública como una oportunidad histórica para generar una estructura especializada, liberando al Ministerio del Interior de una carga operativa excesiva. “Esta es una decisión largamente postergada. Ahora tenemos la posibilidad de construir una institucionalidad robusta y permanente en materia de seguridad”, sostuvo.
Coordinación, descentralización y enfoque integral
El abogado también planteó que uno de los grandes desafíos será evitar duplicidades entre el nuevo ministerio y otras instituciones ya existentes, insistiendo en la importancia de avanzar sobre experiencias previas con autocrítica y eficacia. “La seguridad no depende solo del orden público. Muchas decisiones en políticas públicas, desde vivienda hasta salud, influyen directa o indirectamente en la seguridad ciudadana”, agregó.
En cuanto al rol de los gobiernos regionales, Burgos cuestionó el centralismo en la toma de decisiones clave. “Los gobernadores hoy no tienen atribuciones operativas en seguridad, salvo en financiamiento. Sería importante debatir si es posible entregarles competencias vinculadas a sus territorios, ya que cada región tiene sus propias realidades y desafíos”, indicó.
Seguridad: eje clave para las elecciones presidenciales
Finalmente, mirando hacia el escenario político, Burgos aseguró que la seguridad será el tema central en las próximas elecciones presidenciales. “No podemos seguir con la lógica de que todo lo anterior está mal. Se requiere cooperación y acuerdos amplios. Gobernar exige racionalidad y responsabilidad, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad ciudadana”, expresó.
Con la implementación del nuevo ministerio, la generación de indicadores como el del CESCRO y el debate pendiente sobre reformas legales, Chile se enfrenta a un momento clave para definir su estrategia frente a un fenómeno que ya dejó de ser esporádico: el crimen organizado.
