Ya está en vigencia la Ley 21.642, que equipara el uso de cigarrillos electrónicos al del tabaco, aplicando restricciones y sanciones en espacios públicos cerrados como restaurantes, oficinas, centros comerciales y otros lugares de concurrencia masiva.

Además, se prohíbe su venta a menores de edad y dentro de un radio de 100 metros de cualquier establecimiento educacional, medida que busca frenar el creciente uso de vapeadores en jóvenes. Según datos de SENDA, en 2023 el 8,6% de los estudiantes escolares reconoció haber vapeado.

La ley también contempla multas a partir de 2 UTM ($137.000) por incumplir las nuevas restricciones, en línea con las sanciones actuales por consumo de tabaco en lugares prohibidos.

Esta legislación fue impulsada luego de múltiples advertencias internacionales sobre los efectos del vapeo. Uno de los más alarmantes fue el brote de Evali en Estados Unidos en 2019, enfermedad asociada al uso de cigarrillos electrónicos que provocó la hospitalización de más de 2.600 personas y dejó 57 fallecidos.