La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, entre 2023 y 2024.

La información surgió tras un cruce de datos entre registros de salida del país proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI), la base de funcionarios del Estado y las licencias médicas emitidas durante el periodo mencionado.

A raíz de estos antecedentes, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó el inicio de una investigación penal para determinar si hubo delitos relacionados con fraude al fisco, falsificación de documentos o incumplimiento de deberes.

En paralelo, el Gobierno anunció una serie de medidas internas, entre ellas, la emisión de un informe a todos los ministerios y servicios públicos, la realización de sumarios administrativos y la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evaluar eventuales acciones civiles y penales.

Este escándalo ha generado preocupación pública y cuestionamientos sobre los mecanismos de control en la administración pública. Desde La Moneda enfatizaron que se actuará con firmeza frente a posibles irregularidades.