En un fallo considerado como un precedente relevante en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán (Causa T-221-2023) acogió una denuncia por tutela laboral presentada por la funcionaria administrativa, Carolina Pantoja Ancán, quien acusó acoso laboral ejercido por el director del Liceo Martín Ruiz de Gamboa, Víctor Mauricio Guajardo, luego de haber advertido irregularidades en el uso de subvenciones escolares entregadas por el Estado.

La profesora fue representada por el abogado Rodrigo Vargas Montané, quien sostuvo que los hechos configuraban un acto de represalia grave contra una funcionaria que actuó conforme al deber ético de denunciar hechos de eventual corrupción en la gestión de recursos públicos.

La sentencia, dictada por la magistrada Sandra Cea Venegas, estableció que existió una afectación concreta a los derechos fundamentales de la profesora, en particular su derecho a la integridad psíquica y a no ser discriminada por razones de conciencia o expresión. Los hechos comenzaron en 2022, cuando la administrativa puso en conocimiento de la dirección del establecimiento y del sostenedor —la Municipalidad de Chillán— una posible adulteración de datos para la obtención de subvenciones escolares por concepto de asistencias.

Tras su denuncia, la administrativa fue objeto de hostigamientos sistemáticos, tales como el retiro injustificado de sus horas de clases, restricción de acceso a dependencias del liceo, y un aislamiento laboral progresivo, lo que le causó un daño emocional grave, según acreditó el informe pericial psicológico incorporado en juicio.

En su fallo, el tribunal concluyó que “la vulneración del derecho fundamental de la actora se encuentra suficientemente acreditada, en tanto los actos de hostigamiento, aislamiento, desconocimiento de sus funciones y represalias administrativas (…) constituyen un acto de acoso laboral motivado por la expresión de su conciencia crítica frente a hechos irregulares en la administración del liceo”.

El municipio de Chillán, en su calidad de empleador, fue condenado a pagar una indemnización en dinero, correspondientes a daño moral, multas por la tutela entre otras, por cerca de $25 millones de pesos.

Cabe consignar además, que la afectada también recibió malos tratos por parte de su jefatura a raíz de su condición étnica, al ser de la etnia mapuche.

Reacciones y próximos pasos

Diversas organizaciones de defensa de derechos laborales y transparencia en la educación municipal valoraron el fallo, señalando que “se trata de un hito importante para la protección de denunciantes de corrupción en el sector público, en especial en el ámbito escolar donde este tipo de represalias suelen quedar impunes”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la Municipalidad de Chillán apelará el fallo. No obstante, fuentes cercanas al caso indican que podría haber consecuencias administrativas y penales derivadas de las irregularidades detectadas en la entrega de subvenciones, que ya habrían sido informadas al Ministerio Público