Abogada de la Universidad de Chile, con estudios de magíster en gestión y políticas públicas, Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez (49) es hoy una de las figuras más visibles del aparato fiscalizador del Estado. Desde diciembre de 2023 encabeza la Contraloría General de la República como contralora subrogante, cargo en el que ha desplegado una activa agenda de fiscalización que ha tensado la relación con diversos organismos públicos.
Pérez ingresó a la Contraloría en 2004 y ha hecho casi toda su carrera en la institución, con una breve salida entre 2014 y 2015 cuando se desempeñó como jefa jurídica del Ministerio de Educación durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. En 2016 fue nombrada subcontralora por el excontralor Jorge Bermúdez, con quien tuvo un quiebre público en 2018 tras ser citada como testigo en el caso del millonario fraude en Carabineros. Aunque no estaba imputada y su rol había sido indirecto, Bermúdez le solicitó la renuncia por pérdida de confianza. Pérez respondió con un recurso judicial que ganó, aunque fue marginada de las altas decisiones al regresar.
Su retorno a un rol protagónico se consolidó con su designación como contralora subrogante a fines de 2023, ratificada por el Senado tras un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición. Desde entonces, ha marcado una nueva impronta en la institución: ha reorganizado equipos, priorizado la fiscalización de municipios y gobiernos regionales, y reactivado el área de análisis de datos para elaborar informes mensuales sobre el uso de los recursos públicos. En ese camino, también decidió descontinuar al popular personaje institucional “Contralorito”.
El caso de las licencias médicas
El punto más alto de su gestión llegó el 20 de mayo, cuando la Contraloría publicó el noveno informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC), que reveló que 25.078 funcionarios públicos habían salido del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. La información fue obtenida cruzando registros de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) con datos de la Policía de Investigaciones sobre entradas y salidas del país.
El escándalo provocó una reacción inmediata: se abrió una investigación penal por posible fraude al fisco, el Senado convocó una sesión especial y el Presidente Gabriel Boric tuvo que salir al paso de las críticas, justo en la antesala de su próxima cuenta pública.
El informe identificó casos en 14 ministerios, 24 subsecretarías, 16 gobiernos regionales y hasta en la propia Presidencia. El impacto del caso ha sido tal, que Pérez ha anunciado que los próximos informes incluirán el uso irregular de licencias dentro del país, así como situaciones en Carabineros y las Fuerzas Armadas.
Una estrategia sostenida
Este escándalo es parte de una estrategia más amplia de Dorothy Pérez: publicar informes mensuales —en algunos casos hasta tres por mes— que aborden distintos flancos de la gestión pública. Desde enero, los informes CIC han abordado temas como el cumplimiento del royalty minero por parte de las municipalidades, el pago de horas extra, la entrega de licencias a deudores de pensiones alimenticias, el uso de sistemas estatales como SIAPER y el cambio climático.
La contralora ha sido enfática en que muchas de estas fiscalizaciones podrían haber sido realizadas por las propias instituciones públicas, que tienen unidades de control interno. “Este tipo de trabajo de cruce de bases de datos ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control dentro del aparato público”, dijo el lunes ante la Comisión de Salud del Senado.
Con decenas de nuevos informes en preparación, Dorothy Pérez se perfila como una figura clave en el control del gasto público, en un momento de alta sensibilidad institucional. Y lo hace desde una posición que, a diferencia de sus predecesores, ha usado para incomodar con datos duros, aún si eso tensiona su relación con La Moneda.
