Caso Procultura: tribunal niega prisión preventiva y deja a imputados con arraigo nacional
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra de los cinco imputados en el denominado Caso Procultura, decretando en su lugar la medida cautelar de arraigo nacional.
La decisión fue adoptada tras cuatro extensas jornadas de formalización, lo que significó un revés para el Ministerio Público, que había solicitado las medidas cautelares más gravosas. El tribunal también descartó aplicar arresto domiciliario total.
De esta forma, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno quedaron en libertad, con prohibición de salir del país mientras dure la investigación.
Durante la audiencia, las defensas tuvieron su turno para exponer sus argumentos. En el caso de Alberto Larraín, sus abogados cuestionaron la consistencia de la investigación y solicitaron al tribunal desestimar la prisión preventiva. Ante el juez Patricio Álvarez, el abogado Cristián Arias sostuvo que la acusación carece de claridad jurídica, señalando que se trata de una imputación “difusa”, que no permite establecer con certeza la comisión de un delito penal.
En esa línea, la defensa negó la existencia de un fraude al Fisco y abordó los más de $1.600 millones que la Fiscalía sostiene habrían sido defraudados al Gore Metropolitano, asegurando que dichos recursos no se encuentran en poder de Larraín.
Asimismo, los abogados buscaron diferenciar a la fundación Procultura de otros casos vinculados a la arista Convenios, destacando su trayectoria de más de 15 años y la ejecución de múltiples proyectos con organismos públicos y privados. Afirmaron además que es falso que la fundación o su director carecieran de experiencia en materias de salud mental.
Por su parte, el abogado Vicente Arias resaltó la actitud colaborativa del imputado durante los casi dos años que ha durado la investigación, indicando que Larraín no ha salido del país desde 2023 precisamente por el proceso judicial en curso.
Finalmente, la defensa argumentó que privarlo de libertad sería una medida desproporcionada, asegurando que no representa un peligro para la sociedad y que medidas menos gravosas resultan suficientes.
