Uso irregular de licencias médicas: solo una fracción de los funcionarios investigados ha sido destituida

A más de siete meses de que la Contraloría General de la República diera a conocer su informe sobre el uso indebido de licencias médicas en el sector público, los avances disciplinarios siguen siendo limitados.

De acuerdo con el séptimo informe consolidado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), apenas 262 funcionarios han sido despedidos, lo que representa cerca del 1% de los más de 25 mil casos sometidos a investigación administrativa.

El reporte, elaborado con antecedentes recopilados por la Contraloría, indica que cerca de 29.270 funcionarios del Gobierno Central están vinculados a procedimientos disciplinarios por eventuales incumplimientos de licencias médicas, detectados entre 2023 y 2024. Estas irregularidades incluyen viajes, salidas recreativas y otras actividades incompatibles con los períodos de reposo médico, lo que generó una amplia controversia pública y reabrió el debate sobre una eventual reforma al empleo público.

Según el documento, se identificaron 40.629 licencias presuntamente vulneradas. De los funcionarios involucrados, 23.745 continúan en ejercicio, mientras que 5.525 ya no forman parte de sus respectivos servicios por distintos motivos, algunos incluso anteriores a la publicación del informe de Contraloría. Sin embargo, 2.947 exfuncionarios siguen sujetos a procesos disciplinarios, elevando a 26.692 los casos que deben ser investigados formalmente.

En total, se han instruido 25.352 sumarios administrativos. De ellos, 21.098 aún se encuentran en tramitación y 4.254 ya cuentan con una resolución emitida por la jefatura superior del servicio. No obstante, en 2.711 de estos casos, la resolución todavía no ha sido ejecutada o cerrada formalmente debido a recursos administrativos u otras instancias pendientes.

Hasta ahora, solo 1.543 sumarios han sido concluidos con resolución ejecutoriada. En ese grupo, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, mientras que 262 fueron destituidos. El resto recibió sanciones menores: 584 casos terminaron con censura, 65 con suspensión del empleo y 55 con multas.

El informe también estima el impacto fiscal asociado a estas situaciones. Considerando una duración promedio de 22,1 días por licencia y una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se calcula que los funcionarios investigados percibieron alrededor de $36.876 millones durante períodos en que no prestaron funciones. A ello se suma que 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se iniciara un sumario en su contra.

En cuanto a la tipología de las irregularidades, los datos de la Contraloría señalan que un 33% de los casos corresponde a salidas del país, 21% a asistencia a casinos de juego y 35% a viajes al extranjero realizados desde servicios regionales. Otros casos involucran atención de partos, personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, y emisores de licencias bajo investigación penal.

Finalmente, el informe detalla que antes de que se hicieran públicos los antecedentes sobre viajes durante licencias médicas, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por situaciones similares. De los involucrados, 4.061 ingresaron al servicio público a partir del 11 de marzo de 2022, mientras que 23.667 corresponden a funcionarios contratados en administraciones anteriores.