Auditoría detecta riesgos en gasto público: contrataciones, convenios y licencias bajo revisión
El primer informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) encendió alertas sobre el uso de recursos fiscales, tras analizar datos de más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. El documento fue presentado al Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que encabeza la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
Desde el Ejecutivo aclararon que las situaciones detectadas no constituyen irregularidades concluidas, pero sí representan señales de riesgo que requieren una revisión exhaustiva.
Entre los principales hallazgos destacan transferencias y convenios por más de US$140 millones a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. También se identificaron posibles patrones de fragmentación de compras, con más de 65.000 adquisiciones bajo la modalidad de “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado reiteradamente en un solo día.
El informe da cuenta además de más de 1.000 contratos firmados entre julio de 2025 y febrero de 2026, que implican compromisos fiscales de mediano y largo plazo. A esto se suma la incorporación de más de 2.500 funcionarios en los últimos meses de 2025, junto con traspasos masivos desde honorarios a contrata en algunas reparticiones.
Otra alerta relevante apunta a más de 1.000 convenios finalizados y completamente pagados, pero con montos sin rendir que superan los US$50 millones. En paralelo, se detectaron cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos que se extendieron por más de un año.
Las autoridades también advirtieron sobre la asignación de recursos a programas con evaluaciones deficientes. El proceso de auditoría continuará durante abril y mayo, con el análisis de datos correspondientes a años anteriores, para luego avanzar en la consolidación de hallazgos y eventuales derivaciones a otros organismos.
