Una agrupación criminal dedicada al robo de aperos y especies rurales fue desarticulada gracias a una investigación conjunta entre la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble y la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI de Chillán.
El operativo permitió recuperar más de 500 especies —entre monturas, espuelas, riendas, mantas y sombreros— avaluadas en más de 100 millones de pesos. Además, se incautaron motosierras, un compresor, una motobomba, dos generadores eléctricos, un automóvil y diversos bienes sustraídos desde viviendas.
Los cuatro integrantes principales de la banda fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, robo en lugar no habitado reiterado y abigeato, tras ser detenidos en operativos simultáneos en Quilicura, Maipú, Talagante, San Vicente de Tagua Tagua, El Peumo y San Fernando.
Entre los detenidos están Ringo Contreras Cantillana, sindicado como el líder de la banda, quien además fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego, y Sebastián Tobar Viedma, a quien se le imputó también el cultivo ilegal de cannabis sativa. Los otros dos formalizados son Dante Chacón Celis y Luis Yáñez Sepúlveda. Todos quedaron en prisión preventiva.
Asimismo, fue formalizado Gonzalo Pizarro Cruces por receptación, quien quedó con arresto domiciliario nocturno.
El fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, valoró el trabajo de inteligencia y coordinación que permitió la detención del grupo, señalando que “estos delitos se cometen en zonas rurales, sin testigos, lo que requiere una labor minuciosa y de largo plazo”.
El prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, jefe de la Región Policial de Ñuble, detalló que el procedimiento involucró a más de 70 detectives y se concretó tras entradas y registros autorizados por el tribunal en ocho domicilios.
Por su parte, el delegado presidencial regional, Rodrigo García Hurtado, destacó la rapidez de la investigación, que comenzó en diciembre pasado, y enfatizó que “estos resultados concretos mejoran la seguridad en los sectores rurales de la región”.
En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz Álvarez, aseguró que se seguirá trabajando para impedir que la delincuencia se apodere de los campos.
La Fiscalía y la PDI hicieron un llamado a quienes hayan comprado alguna de estas especies de buena fe, a acercarse voluntariamente a la PDI, ya que la investigación continúa y podría llegar hasta ellos.
El Juzgado de Garantía de San Carlos otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
