Este martes se dio inicio a la primera audiencia de recepción de pruebas en el proceso de solicitud de destitución del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de que un grupo de diez diputados oficialistas presentara el requerimiento ante la Corte Suprema a fines de marzo.
La acusación, liderada por parlamentarios del PC, Frente Amplio, PS, Acción Humanista e independientes, se basa en una supuesta negligencia manifiesta en el manejo de causas sensibles como Sierra Bella —que involucra a la exalcaldesa Irací Hassler— y el caso de supuesto tráfico de influencias a favor de un empresario chino, en el que está imputada la diputada Karol Cariola.
Entre los puntos señalados, se acusa a Cooper de actuar sin perspectiva de género durante el allanamiento al domicilio de Cariola mientras ella se encontraba dando a luz en el hospital, además de la filtración de una conversación privada entre Cariola y Hassler, en la que ambas critican al presidente Gabriel Boric.
La audiencia fue dirigida por la ministra de la Corte Suprema Mireya López Miranda, quien explicó que el proceso se extenderá hasta el viernes para recibir todas las pruebas. Este miércoles será el turno de la defensa del fiscal, encabezada por el abogado Matías Insunza, la cual argumentará que mientras la causa estuvo en reserva —hasta marzo de este año— no hubo filtraciones.
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, un fiscal regional puede ser removido por incapacidad, mal comportamiento o negligencia, siempre que la solicitud cuente con el respaldo de al menos diez diputados y sea aprobada por 4/7 del pleno de la Corte Suprema, es decir, 10 de los 17 ministros.
Un fiscal incómodo para el Gobierno
Patricio Cooper ha liderado investigaciones que han causado incomodidad en La Moneda, al estar a cargo de causas de presunta corrupción que involucran a figuras del oficialismo. Entre ellas:
El caso Sierra Bella (fallida compra de clínica por $8.200 millones).
El caso “Chinamart”, por tráfico de influencias.
La frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que terminó con la salida de la exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández.
Y el caso ProCultura, que involucra $6.000 millones transferidos a una fundación vinculada al entorno del Frente Amplio.
Este último caso elevó la tensión la semana pasada, tras conocerse que el fiscal Cooper mantuvo intervenido por más de 120 días el teléfono de Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso en La Moneda, para indagar su rol como exsubsecretario en el vínculo con la fundación. También se reveló que solicitó intervenir el teléfono del propio presidente Boric, diligencia que fue denegada por el tribunal.
Desde el oficialismo, la vocera Aisén Etcheverry y la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, exigieron explicaciones a la Fiscalía, lo que derivó en una tensa relación con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Incluso, algunos parlamentarios amenazaron con solicitar también su destitución.
Cooper defendió la legalidad de sus actuaciones y criticó el doble estándar:
“Se cuestionan las intervenciones cuando afectan a ciertas personas, pero no cuando se trata de narcotráfico o terrorismo”, afirmó.
Aunque el presidente Boric y Valencia intentaron cerrar públicamente la controversia, las diferencias con Cooper se mantienen.
De concretarse la remoción, sería la primera vez en la historia que la Corte Suprema saca del cargo a un fiscal regional, tras tres intentos fallidos anteriores.
