Embalse La Punilla: la inversión de US$ 433 millones que el Estado no ha logrado concretar
A pesar de su importancia estratégica para la seguridad hídrica del país, el proyecto del embalse Nueva La Punilla volvió a fracasar. El viernes pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) declaró desierta la última licitación para la concesión de esta infraestructura, marcando otro hito en una historia de postergaciones que se remonta a 1920.
Con una capacidad para almacenar 565 millones de metros cúbicos de agua, el embalse permitiría regar 65.000 hectáreas, garantizar una reserva de 3,9 millones de metros cúbicos para consumo humano y generar energía hidroeléctrica. Pese a su relevancia, la iniciativa no logró atraer oferentes en esta última convocatoria, que incluía un plazo de 36 meses para mejorar la ingeniería y los accesos previos al inicio de las obras.
Desde el MOP informaron que, ante el nuevo revés, se propondrá ejecutar el proyecto mediante el DFL 1123 a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), replicando el modelo utilizado con el embalse Zapallar, también en Ñuble. “La continuidad del proyecto es prioritaria para el Gobierno del Presidente Boric y la Ministra de Obras Públicas”, afirmó María Loreto Mery, directora nacional de Obras Hidráulicas.
Pese a contar con aprobación ambiental desde 2010 y un presupuesto estimado en US$ 433 millones, el proyecto ha enfrentado siete postergaciones en los últimos dos años. En 2016 fue adjudicado a la empresa italiana Astaldi, pero su crisis financiera y conflictos contractuales con el Estado derivaron en la paralización de las obras y una nueva licitación en 2021, que hoy se suma al historial de fracasos.
La falta de certeza jurídica, demoras regulatorias, y un entorno social complejo han sido factores clave para el desinterés del sector privado. Aunque en abril se recibieron 460 consultas de potenciales interesados, ninguna se tradujo en una oferta concreta.
El embalse es considerado vital para enfrentar el déficit hídrico en la región, contribuir a la prevención de inundaciones y beneficiar a comunas como Chillán, San Carlos, Coihueco, San Nicolás, Ñiquén y eventualmente San Fabián. Sin embargo, su ejecución sigue estancada, enfrentando también oposición de comunidades locales y organizaciones medioambientales, que han cuestionado su impacto ecológico y social.
El futuro del proyecto ahora dependerá del eventual traspaso a la DOH, con la esperanza de iniciar obras antes de 2027, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y económicos del Ministerio de Desarrollo Social. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre una obra largamente esperada, pero que sigue sin concretarse.
