$3.8 Millones en maquillaje para la foto oficial: Diputados RN piden a Contraloría investigar "fragmentación" de contratos en Presidencia

La Cuenta Pública del pasado 1 de junio sigue generando controversia, esta vez por los gastos asociados a la fotografía oficial del Gobierno. Diputados de Renovación Nacional (RN), incluyendo a Miguel Mellado, Carla Morales y Eduardo Durán, han enviado un oficio a la Contraloría General de la República para que investigue un millonario desembolso en maquillaje y peinado que, a su juicio, podría ser irregular.

El foco de la polémica son dos contratos adjudicados a la empresa Sello Tocadiscos SPA mediante trato directo. El primero, por $3.816.838, fue destinado al "Servicio de producción de maquillaje y peinados foto oficial" para el Presidente Gabriel Boric y sus 23 ministros, lo que se traduce en un costo aproximado de $159.000 por persona. A este se suma un segundo contrato con la misma empresa, también por trato directo, por $6.249.999 para servicios de sonido y producción para la misma actividad.

La preocupación de los parlamentarios radica en que la suma de ambos contratos supera el tope legal de 100 UTM (alrededor de $6.878.500) para este tipo de adquisiciones, lo que les hace sospechar de una "fragmentación" deliberada para eludir los límites establecidos por la normativa.

Los diputados de RN argumentan que en gobiernos anteriores este tipo de servicios eran financiados de forma personal por los ministros. Además, cuestionan que Sello Tocadiscos SPA declare actividades económicas relacionadas con producción audiovisual y espectáculos, pero no con peluquería o estética en su registro del SII, levantando interrogantes sobre la idoneidad del proveedor para el servicio específico de maquillaje.

El oficio a la contralora Dorothy Pérez solicita un sumario administrativo y que se requiera información a la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes. La bancada de RN enfatiza la importancia de la transparencia y el estricto cumplimiento de los procedimientos administrativos, pidiendo que se apliquen las sanciones correspondientes si se confirman irregularidades.

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