Contraloría advierte que municipios pagaron $388 mil millones por licencias médicas durante 2024
Un preocupante aumento en el gasto municipal asociado a licencias médicas fue dado a conocer este martes por la Contraloría General de la República, a través de su duodécimo Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC).
Según los datos recopilados por el organismo, el monto destinado por los municipios del país al pago de licencias médicas experimentó un alza del 321% en la última década. En 2015, este ítem representaba un gasto cercano a los $92 mil millones, mientras que en 2024 la cifra se elevó a casi $388 mil millones.
El análisis se realizó en base a cifras extraídas del Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen) y considera el marco normativo vigente, que garantiza a los funcionarios municipales el pago íntegro de sus remuneraciones durante el uso de licencias médicas. Cabe destacar que estos pagos deben ser posteriormente reembolsados por entidades como Fonasa, Isapres o Cajas de Compensación, a través de procesos que deben ser gestionados por cada municipio.
El informe, que forma parte del seguimiento anual que realiza la Contraloría sobre distintos aspectos de la gestión financiera de los gobiernos locales, advierte sobre la necesidad de revisar los mecanismos de control, evaluación y gestión del recurso humano en el ámbito municipal, a fin de contener esta escalada de costos.
Desde la Contraloría se enfatizó que este crecimiento sostenido podría afectar la sostenibilidad financiera de algunas municipalidades, especialmente aquellas con menores ingresos o alta dependencia de transferencias estatales.
Asimismo, el organismo sugirió que parte de este fenómeno podría estar relacionado con debilidades en los sistemas de control interno, prácticas administrativas deficientes o una creciente carga laboral y desgaste del personal, entre otras posibles causas que deben ser investigadas en profundidad.
El informe será remitido al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y a las respectivas contralorías regionales, con el objetivo de apoyar la implementación de medidas correctivas y de prevención en el corto y mediano plazo.
