Reforma Previsional: Los nuevos porcentajes de cotización que rigen desde agosto
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.735 en agosto de 2025, el sistema previsional chileno ha iniciado una reforma que introduce cambios graduales en las cotizaciones. La modificación más destacada es un nuevo aporte de los empleadores que impactará directamente en trabajadores, empleadores y pensionados. Este aumento se implementará de forma progresiva a lo largo de 9 a 11 años, y el primer ajuste, correspondiente a la cotización del mes de agosto, ya comenzó a aplicarse.
A diferencia de los trabajadores, cuyo aporte obligatorio del 10% de su sueldo imponible se mantendrá sin variación, la reforma introduce un cambio significativo para los empleadores. Estos deberán aportar un 8,5% adicional a la cotización actual, que hoy se realiza a través del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). El primer incremento, que se aplicó en agosto, corresponde a un 1% adicional que se distribuirá de la siguiente manera: 0,1% irá a la cuenta obligatoria individual en la AFP, y 0,9% se destinará a la Compensación por Diferencias en Expectativa de Vida.
Al finalizar el proceso de implementación gradual, el 8,5% total que aportarán los empleadores se distribuirá de la siguiente forma: un 4,5% irá directamente a la cuenta individual en la AFP de cada trabajador, mientras que el 4% restante financiará el Seguro Social Previsional (FAPP). De este último porcentaje, un 1,5% se destinará a la "Cotización con Rentabilidad Protegida" para financiar los beneficios por años cotizados, y el 2,5% restante cubrirá la compensación por expectativa de vida de las mujeres y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que actualmente corresponde al 1,88% del sueldo imponible del trabajador, continuará funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer el sistema previsional y garantizar una mayor cobertura y beneficios para los trabajadores. La implementación de la reforma se llevará a cabo por etapas, proyectándose su total aplicación en un plazo de 9 a 11 años.
