Pagos sin respaldo y trato directo bajo la lupa: Contraloría vuelve a tensionar al Gobierno por megaincendio en Valparaíso
Un tema que ha perseguido al Ejecutivo desde febrero de 2024 es la gestión tras el megaincendio que golpeó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La tragedia, considerada una de las mayores de las últimas décadas, dejó 130 fallecidos y más de 4 mil viviendas destruidas. En ese momento, el Presidente Gabriel Boric la calificó como “la tragedia más grande desde el terremoto de 2010”.
Desde entonces, la reconstrucción ha sido foco de críticas. El lento avance en la reposición de viviendas generó cuestionamientos incluso en el oficialismo, marcando diferencias públicas con el entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes. Más recientemente, el próximo titular del Minvu, Iván Poduje, discrepó con las cifras del Ejecutivo: mientras él sostiene que el avance real bordea el 10% del total de casas destruidas, el Gobierno afirma que alcanza un 40%, considerando solo viviendas hábiles.
Ahora, un informe de la Contraloría General de la República reactivó la controversia. El organismo detectó irregularidades en el manejo de recursos, apuntando especialmente a la Delegación Presidencial Regional (DPR), entonces encabezada por Sofía González. Entre los hallazgos figuran pagos sin respaldo y uso injustificado de trato directo por más de $586 millones.
Desde la oposición endurecieron el tono. Poduje calificó la situación como “de doble gravedad”, señalando que, en medio de una reconstrucción que considera deficiente, resulta “impresentable” un eventual mal uso de recursos. El timonel republicano, Arturo Squella, habló de utilización ineficiente de fondos, mientras diputados de la UDI emplazaron a la ministra Camila Vallejo por su rol como enlace durante la emergencia.
También hubo reparos desde el oficialismo. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, advirtió que cuando el Estado se entrampa en burocracia, pierde credibilidad. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, llamó a la responsabilidad y a no instrumentalizar políticamente la tragedia.
Desde el Gobierno, Vallejo aseguró que la DPR ha entregado todos los antecedentes requeridos y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, además de instruirse sumarios internos. Asimismo, descartó haber tenido funciones administrativas en la gestión de recursos.
Por su parte, Sofía González sostuvo que todas las medidas se adoptaron dentro del marco legal y que, ante eventuales irregularidades, instruyó las investigaciones correspondientes antes de dejar el cargo en noviembre de 2024.
