Sobreprecios por más de $4 mil millones: exigen sanciones a autoridades por contratos con San Nicolás SpA en megaincendio de Valparaíso
Cinco informes de la Contraloría General de la República detectaron irregularidades en el uso de recursos durante el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Valparaíso, generando críticas hacia autoridades que ejercían funciones en ese periodo.
Los antecedentes apuntan a la entonces delegada presidencial regional de Valparaíso y hoy diputada electa del Partido Comunista, Sofía González, quien suscribió seis contratos vía trato directo con la empresa San Nicolás SpA para el arriendo de maquinaria pesada destinada al retiro de escombros. El monto total ascendió a $6.725.655.566. La resolución fue emitida el 10 de enero de 2025 por el organismo contralor a la Subsecretaría del Interior.
Según los informes, la empresa —constituida en 2021 y compuesta por tres personas— no habría acreditado experiencia técnica suficiente, no presentó boletas de garantía y no contaba con maquinaria propia ni trabajadores. Pese a ello, fue contratada para ejecutar labores en turnos diurnos y nocturnos.
Asimismo, se cuestiona que la firma habría subcontratado servicios por montos inferiores a los pagados por el Estado, práctica que no estaría permitida en contrataciones por trato directo. Las diferencias en los valores facturados alcanzaron hasta un 557,89% por turno, lo que implicaría un eventual sobreprecio superior a $4 mil millones, considerando los valores más altos detectados.
También se menciona al actual delegado presidencial, Yanino Riquelme, quien en ese entonces se desempeñaba como seremi de Obras Públicas y habría recomendado los servicios de la empresa. San Nicolás SpA registra más de 30 contratos con el Estado desde julio de 2023.
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, calificó los hechos como “improcedentes” y sostuvo que deben existir sanciones para quienes resulten responsables. En tanto, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que la cartera evaluará acciones judiciales para esclarecer el destino de los recursos y perseguir responsabilidades.
Por ahora, se analiza la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado interponga acciones legales, mientras expertos no descartan que los hechos puedan configurar el delito de fraude al fisco. Las autoridades involucradas han señalado que esperarán el avance de las diligencias correspondientes.
