Crisis en Gendarmería de Chile: las alternativas que baraja José Antonio Kast entre medidas urgentes y reformas estructurales

La compleja situación que enfrenta Gendarmería de Chile mantiene en alerta al mundo político y al Ejecutivo.

A pocas semanas del cambio de mando, la futura administración deberá definir cómo enfrentar una crisis marcada por hechos de violencia, errores administrativos y cuestionamientos a la conducción institucional.

El proyecto de ley que busca reformar el sistema penitenciario sigue en tramitación en el Congreso y quedó pendiente tras el receso legislativo. Mientras tanto, el actual Gobierno ha optado por medidas administrativas para contener el escenario, aunque será el próximo Ejecutivo el que deba delinear un plan más amplio.

Las cifras reflejan la gravedad del momento. Según informó el director nacional, Rubén Pérez Riquelme, en lo que va de 2026 se han registrado siete muertes violentas al interior de recintos penales producto de agresiones entre internos. Durante 2025 se contabilizaron 17 fallecimientos, por lo que en pocas semanas ya se alcanza cerca de una cuarta parte del total del año pasado.

A ello se suman liberaciones erróneas atribuibles a funcionarios, que en los últimos meses han llegado a ocho casos, además de agresiones contra personal penitenciario, como el ataque a gendarmes en el Centro Penitenciario de Vallenar, en la Región de Atacama.

Frente a este escenario, el Ministerio de Justicia reforzó el principio de doble revisión antes de conceder libertades y suspendió las vacaciones del alto mando para supervisar directamente el cumplimiento de los protocolos.

De cara al nuevo gobierno, analistas plantean que Kast deberá optar entre aplicar ajustes administrativos inmediatos —tratando la situación como parte de la emergencia en seguridad— o impulsar una reforma legal de fondo, lo que podría extender los plazos. Algunos expertos sugieren avanzar en ambas vías para ganar tiempo.

Entre las propuestas que se mencionan están el fortalecimiento de la formación y exigencias para el personal, la modernización de los sistemas informáticos con interoperabilidad con el Poder Judicial y el Registro Civil, y la necesidad de establecer una política de Estado en materia penitenciaria que otorgue mayor continuidad institucional.